Los patinetes eléctricos están inundando las calles de pueblos y ciudades. La expansión de este

tipo de transporte moderno, pequeño y efectivo en desplazamientos cortos urbanos ha

superado con creces al marco normativo actual, creando un vacío legal que ahora parece que

intentará ser solucionado por la DGT.

La Dirección General de Tráfico va a reformar el reglamento de vehículos para acoger a los patines,

patinetes, segways y todos los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de rango inferior a las

bicicletas que hasta ahora no estaban recogidos.

Es tanta la demanda de estos patinetes que en algunas ciudades ya existen empresas de alquiler.

Dan un servicio diario a los viandantes que deciden tomar este vehículo para sus desplazamientos

así pueden moverse de una forma rápida y sencilla, este método de transporte urbano pretende

convertirse en una alternativa sostenible y eficiente, una solución real a los problemas de

movilidad urbana.

Son muchos los jóvenes y los no tan jóvenes los

que demandan este tipo de vehículo y según

necesidades o gustos pueden elegir unos u

otros modelos, se puede ir de pie o

sentado, con los pies en paralelo o un pie

delante y otro detrás, muchos de ellos son

incluso plegables y se transportan de forma

fácil, además hay una larga lista de modelos que

cambian según colores, tamaños, etc. Existe una

amplia gama en el mercado.

Conclusiones sobre las normativas de los patinetes eléctricos.

De momento, la mayoría de las grandes ciudades aún no tiene establecida por ley una normativa

para la circulación de estos vehículos, lo que supone un ‘’limbo legal’’ que permite circular por

cualquier parte. Eso sí, siempre habrá que circular con responsabilidad y respetando a los

viandantes y así evitar al máximo posibles accidentes.

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El anuncio del aumento del impuesto al diésel a cargo del Ministerio de Hacienda ha creado alarma en el sector. En esta ocasión, le toca el turno a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que opina que esta subida es “injusta para los consumidores e ineficaz desde el punto de vista medioambiental”.

La OCU no se opone a que se equiparen los impuestos, debido a que cuentan con las mismas prestaciones. No obstante, apoyan esta equiparación siempre y cuando se aplique a la baja o que lo que se recaude extra se use para subvencionar la adquisición de nuevos coches más ecológicos y el achatarramiento de los más antiguos que, según la organización, son los que verdaderamente contaminan más.

Fomentar las ayudas

Asimismo, la organización señala que esta subida al diésel acabará afectando especialmente a los conductores de vehículos más antiguos. Estos son los que menos recursos tienen para poder comprarse uno nuevo. Por lo tanto, aseguran, se deberían «fomentar las ayudas y facilitar alternativas para que esta opción sea accesible para todos».

Hasta que los motores eléctricos sean una posibilidad real para los consumidores, la OCU opina que, por el momento, ambos motores deben coexistir. Además, afirman que este aumento del impuesto al diésel no va a provocar más que una bajada en las ventas de estos vehículos. Y un crecimiento del parque móvil más antiguo. Lo que tendrá como posible consecuencia, de seguir en esta misma línea, el aumento de las emisiones de CO2 en los próximos años, que es precisamente lo que se pretende evitar con la actual propuesta fiscal.

Finalmente, según propone la organización, la solución a esta situación pasaría por marcar los límites de contaminantes durante el proceso de homologación de los coches, pero mediante una comprobación  en condiciones reales, con el objetivo de evitar que vuelva a ocurrir casos como el Dieselgate.

¿Cuánto supone y a quién?

Actualmente el impuesto a la gasolina es de 40,25 céntimos por cada litro y el del gasóleo es de 30,7 céntimos por litro.

De manera que si se equiparan ambos tributos, esa subida se traduciría en unos 9,55 céntimos por litro. Así, llenar un depósito de, por ejemplo 60 litros, tendría un sobrecoste de 6 euros aproximadamente.

No todos tendrán que hacer frente a esta subida fiscal, habrá excepciones. Los profesionales dedicados a la logística o agricultura seguirán manteniendo sus bonificaciones. Por lo  no afectará al precio de los productos transportados o los bienes derivados de la agricultura.

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A nivel particular, no sólo se prohíbe la venta y compra de cualquier recambio a particulares o centros no autorizados, sino que se perseguirá esta actividad con sanciones, tanto a aquellos que realicen la compra o venta, como a aquellas plataformas o servicios que sirvan para llevar a cabo las transacciones.

Este último punto es especialmente importante. En la actualidad las páginas web y servicios online se han convertido en la principal herramienta para realizar este tipo de transacciones. Con estas medidas está claro que la polémica está servida. La entrada en vigor de esta ley señala a los CAT como a los grandes beneficiados. Por otro lado convierte a los particulares en la figura a perseguir.

También habrá que ver a futuro como afecta al negocio de compra-venta de recambios. Al reducir los entes que pueden gestionarlos, además de exigir garantía y responsabilidad sobre ellos. Además, se pueden ocasionar graves perjuicios como consecuencia del montaje de esa pieza usada ilegal en un vehículo. Por ejemplo, si el coche es objeto de un accidente, puede que el seguro de éste no se haga cargo.

EL VEHÍCULO MUERE.

Cuando un particular quiera desprenderse de su coche, no tiene que pagar por entregarlo al CAT, aunque el vehículo carezca de valor de mercado o éste sea negativo. Obligatoriamente el coche no puede haber sido objeto de ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o componentes. En el caso de que así fuese, el CAT notificará a la Consejería competente  de su comunidad  pertinente esta deficiencia.

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Se aprueba el libre acceso a la información técnica de los vehículos. «Hoy es un día importante pues queda reconocido en un texto de enorme trascendencia para el sector del automóvil el derecho a acceder a información necesaria para reparar o para facilitar las reparaciones a las empresas. Las cuales compiten en un mercado de libre competencia en beneficio de los consumidores europeos”. Señala Miguel Ángel Cuerno, coordinador de AFCAR España.

El 22 de mayo el Consejo de la UE decía sí al nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Tras la votación por parte del Parlamento Europeo el 19 de abril, para la aprobación de las conclusiones del llamado informe Dalton en el que se recoge la necesidad de un mercado europeo más competitivo. Garantizando para ello el acceso a la información técnica a los reparadores europeos.

Daniel Dalton (ECR/UK), dijo que esta legislación era una fuerte respuesta de la UE al escándalo de Dieselgate y que los vehículos serían más seguros y limpios asegurando al mismo tiempo que un escándalo como éste no volviera a suceder. Además, dijo: “Los consumidores también confían en un mercado postventa independiente y saludable para servicios de buena calidad. Este ha sido un tema clave para mí como negociador principal. Me complace haber logrado un mejor acceso a la información de los fabricantes para reparadores independientes. Esto fortalece el mercado en beneficio de los consumidores.”

El nuevo reglamento, según AFCAR España, además moderniza el sistema actual y mejora las pruebas de control de las emisiones de los automóviles, “su objetivo es lograr un alto nivel de seguridad y rendimiento medioambiental de los vehículos y abordar las principales deficiencias identificadas en el sistema de homologación existente”,  y será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en septiembre de 2020.

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